Ocupación y tensión: un habeas corpus frenó el ingreso judicial a la toma mapuche PDF Imprimir Correo
Esquel

Ocupación y tensión: un habeas corpus frenó el ingreso judicial a la toma mapuche.

 

La Fiscalía de Esquel quería identificar al grupo que ocupa tierras en la zona de Leleque. En el lugar hubo un confuso incidente con el equipo periodístico de Jornada. No estaba previsto ningún desalojo”. Lo aclaró el fiscal de Esquel, Fernando Rivarola, en torno al procedimiento previsto para ayer en la zona de Leleque, en la intersección de la Ruta Nacional 40 y el camino a El Maitén, donde comunidades aborígenes tomaron tierras de la Compañía Tierras del Sur S.A de la multinacional Bennetton.

Fiscalía insistió con que se está investigando una presunta usurpación pero que no se puede avanzar porque los involucrados no colaboran identificándose. El procedimiento debió suspenderse al tomar estado público en las últimas horas del martes, y al presentarse en la Comisaria 1ª de Esquel un habeas corpus. “Estas personas desde el comienzo actuaron encapuchadas y negando su propia identidad”, dijo el fiscal, que aseveró que Fiscalía desde un inicio puso a disposición todo lo que está a su alcance para poder identificarlos y avanzar con el proceso.

En Esquel y en la zona había conmoción desde la noche del martes, porque se observaban movimientos en la ciudad de vehículos y personal del Grupo Especial de Operaciones Policiales.

Intervención

“Pedimos la intervención de los organismo nacionales como provinciales básicamente el INAI y la Secretaría de Asuntos Indígenas del Chubut y en todo momento estas personas negaron su identidad”, sostuvo Rivarola, que recordó que estas personas manifestaron públicamente que resistirían cualquier acción de la justicia.

“Demostraron con atentados graves y daños como incendios intencionales e incluso con el uso de armas de fuego, más atentados contra las autoridades policiales, lo cual está documentado en el legajo fiscal”, indicó. “En términos jurídicos estamos investigando una presunta usurpación de un predio rural de propiedad de la compañía Tierras del Sur y en el devenido de los hechos se cometieron otros delitos”, dijo.

“Fue imposible todo el esfuerzo que hicimos a través de la Defensa Pública para que estas personas acepten identificarse y ejercer sus derechos constitucionales como cualquier ciudadano”, remarcó.

Se peticionó para que en el día de ayer se allane el lugar de los hechos para identificar a las personas. El juez autorizó a la detención para la “identificación correcta de las personas para una causa penal”. Sólo se tomarían huellas dactilares, certificación de antecedentes y domicilio. También se prevé una audiencia que el juez aseguró que se iba realizar de manera inmediata para que la comunidad ejerza sus derechos para poder continuar con el proceso.

Voluntad

“Si hubiese una voluntad expresa de estas personas de identificarse jamás hubiésemos necesitado una medida de fuerza”, señaló el fiscal. La medida sería de día, con personal capacitado a los efectos de trabajar para evitar todo daño.

“De algún modo que los fiscales desconocemos si trascendió la información y tomó estado público lo que obligó a decidir dejar sin efecto la medida y no cumplir con la autorización judicial”, comentó y aseguró que es inviable el desalojo en la zona: “Es un riesgo que los fiscales de Esquel no estamos dispuestos a asumir. Lo que menos queremos es que haya consecuencias disvaliosas para la seguridad y la integridad de las personas”.

El trío

Aseguró Rivarola que sólo una persona se presentó a la Fiscalía: Martiniano Jones Huala, que está en el proceso sin inconvenientes. De las otras identificadas, tres estuvieron en esa audiencia. No obstante el pedido de la Fiscalía y del juez negaron su propia identidad y hoy rige una orden de captura y detención. “La evitarán en la medida en que se presenten voluntariamente y se ajusten a derecho, como cualquier ciudadano, sin distinción”, comentó Rivarola. Se trata de Vanesa Millañanco, Mirta Curruhuinca y Luciana Jaramillo. Las tres mujeres estuvieron en la audiencia, se negaron a dar sus nombres y luego dieron una conferencia de prensa. Otro imputado es Nicolás Huenelaf.

Clandestinos

“Hay clandestinidad por parte de las personas desde el momento en que actúan encapuchadas. Esto es algo que el orden jurídico no tolera para ningún ciudadano y nosotros no podemos discriminar”, comentó. “Nos preocupó y de hecho somos tres fiscales a cargo del caso y tratamos de agotar todos los recursos para evitar el uso de la fuerza. Llegamos a un punto en el que si no identificamos a las personas, no podemos avanzar”.

Con el habeas corpus preventivo presentado los firmantes dicen que se trata de un grupo de personas no individualizadas pero identificables.

“Es precisamente lo que queremos, que las personas se identifiquen y ejerzan sus derechos, en el lugar donde hay que ejercerlo, que es ante el juez, que dirá si los fiscales estamos equivocados con nuestras imputaciones”, finalizó Rivarola al hacer referencia al tema.

Los defensores públicos Gerardo Tambussi y Fernando Raziwilovski indicaron por su parte que lograron acceder a la orden de allanamiento del juez. Y aseguraron que el habeas corpus es preventivo y “no impide el procedimiento sino para que se realizara con características humanitarias porque existen antecedentes de estos mismos grupos que terminaron muy mal”, señaló Tambussi.

Cara descubierta

Raziwilovski aseguró que el pedido de captura es para personas que dieron una conferencia de prensa a cara descubierta. “Hay muchas contradicciones que llaman mucho la atención”, dijo y recordó que en los hechos violentos del 18 y 19 de abril, Policía disparó en la zona con armas reglamentarias.

“Estamos ante un caso donde las personas están haciendo un reclamo social ante una gravísima mora por parte del Estado nacional y provincial que no reconoce los derechos del pueblo mapuche”, dijo, en este escenario.

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Jornada

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